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DE LOS BENBERG A VICENTÍN

17/06/2020

La historia de los grupos económicos en la Argentina, tiene un modelo que se replica más allá de los tiempos, la concentración de la riqueza consolidada a través de prácticas monopólicas y corruptas, llevan ese sello, propio de toda concentración capitalista, donde el estado no está exento de su contribución, cuando quienes lo manejan son los mismos que cortan la torta.

Por Eduardo Silveyra

HISTORIAS. Si alguien, al modo de Plutarco escribiera una obra llamada Vidas Paralelas de los Grupos Económicos, el grupo Benberg y Vicentín deberían integrar la misma. Fundados en los inicios de los años 20, sus comienzos industriales comenzaron como emprendimientos familiares, llevados adelante por un pater familias, hablamos de Otto Benberg, un provenido de la Europa asolada por las hambrunas y conflictos bélicos. El dicho “Hacer la América” justificaba esa inmigración, junto al ansia de amasar fortunas a expensas de criollos y originarios juzgados brutos y haraganes. El grupo Benberg se consolidó de modo rápido y no tardó mucho en monopolizar la fabricación de cerveza en el país, en esa expansión monopólica se hizo dueño de malterías, fabricas de levaduras y cerveceras en la capital, Córdoba y Santa Fe, a las que compraba a precios irrisorios luego de fundirlas con la competencia desleal. A su modo, los Benberg se habían hecho la América, con el no pago de las tributaciones al fisco y esa operatoria mafiosa.  Con una fortuna amasada de modo espurio -como todas las fortunas- el grupo comenzó a incursionar en otros emprendimientos, como el de la yerba mate y la explotación forestal en Misiones, donde eran dueños de latifundios y puertos sobre el río Paraná. Esa conducta evasora fue denunciada 1937 en los tribunales, por el periodista y político nacionalista José Luis Torres, ya en los finales de la llamada década infame. Ese poderío económico tenía sus influencias políticas en el entramado del estado, en un periodo donde la corrupción era parte de la dominación ejercida por los poderosos, a través de coimas, sobornos, usurpaciones y despojos, donde la violencia represiva era parte de la metodología de la expansión económica.

 

VICENTIN. La empresa familiar comenzó sus actividades económicas en la provincia de Santa Fe a finales de la década del 20 del siglo pasado como acopiadores de cereales, fabricantes de aceites y desmotadores de algodón, en los territorios de la localidad de Avellaneda, al norte de la provincia. Su proceso expansivo fue un poco más lento, pero a medida que el tiempo y la fortuna crecían, incursionaron en otros ramos industriales como el textil, la fabricación de biodiesel, la industria cárnica y la creación de empresas subsidiarias en Paraguay, con el río Paraná como vaso comunicante del transporte de las producciones, con lo cual se adueño de una serie de puertos para tales operatorias. Estos integran la lista de 43 puertos y puntos de embarques, que en distintas vías fluviales son operados por manos privadas, es decir las cerealeras, lo que de por sí es un avasallamiento a la soberanía nacional, pues muchas de ellas son de origen extranjero. La fortuna de Vicentín también fue amasada con la misma lógica que la del Grupo Benberg, la evasión fiscal y el otorgamiento de créditos por parte de bancos estatales. Cuando en 1943 el presidente Farrel decidió crear un impuesto a las herencias, para al menos rescatar algo de la fortuna heredada por los miembros de la familia Benberg, en los papeles solo figuraban $600.000 a repartir entre los herederos, una cifra irrisoria comparada con la magnitud de las ganancias, lo repudiable del hecho irrisorio, era el fraude de la operatoria, las empresas ya habían sido transferidas en vida y los capitales depositados en bancos suizos, por lo cual eran inembargables. Lo que ahora conocemos como fuga de capitales, ya se practicaba en esos tiempos. Por artimañas semejantes, los directivos del grupo deberían comparecer ante la justicia, para determinar qué sucedió con el crédito de $1800.000.000 otorgado por el Banco Nación al grupo Vicentín, cuando este ya estaba con pedido de quiebra y en convocatoria de acreedores. El ex presidente de la entidad, González Fraga, se encuentra imputado ante la justicia penal por dicha estafa y los deudores, desparramados a lo largo y ancho del país, como así también en el Paraguay y Uruguay, no han recibido un peso de lo adeudado. Tal vez, ya todo este fugado hacía un banco en las Islas Caimán.

 

EXPROPIACIÓN. El 4 de Febrero de 1955, unos meses antes que la Revolución Fusiladora volteara al gobierno peronista, se expropiaba al grupo "Benberg", La nacionalización de esta empresa, fue el proceso del conflicto más importante llevado adelante contra un conglomerado empresario en la Argentina. Pero el escándalo había calado hondo en la opinión pública y la medida fue bien recibida, las declaraciones de Perón denunciaban con claridad los hechos: La familia Benberg en la Argentina es algo así como un inmenso pulpo venenoso, que todo lo va emponzoñando y ocupando, La corrupción de funcionarios públicos fue su especialidad. La “coima” es una institución bergeniana. Penetró el Poder ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Algo que no es ajeno al Grupo Vicentín, ya que fue el mayor aportante a la campaña electoral de Cambiemos. Alberto Padoan además de integrar el directorio de Vicentín realizó campañas de apoyo electoral a Cambiemos en las últimas elecciones y el intendente de Avellaneda, Scarpin, organizador de piquetes contra los miembros de la intervención estatal, pertenece a la alianza cabiemita. Retomando el hilo histórico, la expropiación puso a la fábrica de Cerveza Quilmes en manos de los trabajadores, con una administración compartida con el estado, los paradigmas de cambio sociales de la época, determinaban el control de los obreros sobre los medios de producción. Era tal el consenso en la opinión pública sobre las medidas decretadas contra el grupo Benberg, que la dictadura implantada después del derrocamiento del gobierno popular, no dio marcha atrás con la medida y a partir de mayo de 1957, se conocieron las primeras sentencias de la justicia que, con pocas excepciones, beneficiaron a la familia Benberg y otros accionistas que habían judicializado la expropiación. Aunque las cosas volverían a cambiar tiempo después.

 

FRONDIZI. El fomento y la creación de una verdadera industria nacional fue uno de los ejes de la política del primer peronismo. La creación de empresas públicas como la flota mercante del estado, iba en sintonía con el caso Benberg, pero en contra de los intereses oligárquicos y del modelo agro exportador que sostuvieron los golpistas del 55 y los gobiernos pseudo democráticos que les sucedieron, sujetos a los poderes hegemónicos y de concentración de la riqueza. En mayo de 1958, el presidente Arturo Frondizi marcó un cambio importante sin haber agotado las instancias judiciales: el nuevo gobierno optó por el camino del acuerdo extrajudicial con los Benberg. Esta estrategia estaba orientada a resolver los problemas generados por las nacionalizaciones peronistas y tenía como objetivo alentar el ingreso masivo de capitales extranjeros, que era un aspecto clave de la política de Frondizi. Las negociaciones culminaron en enero de 1959 con la firma de varios convenios entre el Estado nacional y la familia Benberg y las empresas nacionalizadas. La parte más importante del acuerdo establecía que los "dueños legítimos" de las empresas las recibirían en el estado en que estuvieran, devolviendo al Tesoro los montos depositados por el gobierno en el momento de su adjudicación, en tanto que se extinguía toda responsabilidad legal del Estado por el pago de costas, daños y perjuicios. Por su parte, el Estado nacional acataba la declaración de inconstitucional de la ley que había expropiado los bienes inmuebles de la familia Benberg. Este acuerdo significaba concesiones importantes del gobierno. El procurador del Tesoro se mostró contrario a esa posición, ya que entendía que la devolución de las empresas sólo podía ser dispuesta por una ley del Congreso. Consideraba que su único aspecto positivo era la aceptación de los bienes en el estado en que se encontraban, aunque advertía que ello no era decisivo pues estaban "prácticamente igual". La devolución de las empresas demandó una reorganización amplia del grupo, que muy pronto volvería a controlar la industria cervecera.

 

REPETICIÓN. La historia parece repetirse en diferentes tiempos y con las características propias de cada momento histórico. La determinación de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa es una decisión peronista, de esto no hay dudas. Pero los consensos en la opinión pública no son los mismos que en los años 50, los medios de comunicación hegemónicos y formadores de opinión, se encargan de distorsionar la realidad y azuzan los fantasmas del comunismo y de un estado controlador de libertades individuales por la pandemia del coronavirus y libertades comerciales por la expropiación de Vicentín. Sin embargo, esa manipulación de la cual la clase media es la principal víctima –de algún modo hay que llamarla- se disuelve en el aire, cuando los actores y beneficiarios son otros. Esos otros, que pertenecen al sector de la Agricultura Familiar y pequeños productores, desde sus organizaciones y agremiaciones, ante las defraudaciones y estafas de Vicentín, siempre reclamaron su expropiación y nacionalización como salida. Siendo Vicentín, un grupo ramificado en casi todo el territorio y con una logística propia de gran importancia, esa área es vital para consolidar el proyecto de Soberanía Alimentaria y la vuelta al campo. La logística, siempre ha sido un escollo casi irresoluto de la Agricultura Familiar, por el costo de los traslados de las producciones. La creación de una empresa pública en la cual participen, cooperativistas, trabajadores, agricultores familiares y que opere como empresa testigo en la fijación de precios del mercado cerealero, es quizás la mejor opción, tal como propone el economista Pedro Peretti. Una empresa estatal, puede ser desmantelada en cualquier arremetida neo liberal, una empresa pública donde se nuclean muchos actores de la producción alimenticia y en la cual estén integrados los productores del 70% de los alimentos que se consumen en las mesas argentinas, resulta más complicado de desguazar ante cualquier tropezón. Amén de otros riesgos, como es la venta por separado de las distintas empresas que integran el grupo a manos privadas, algo que evidenció el ministro de Agricultura Luis Basterra, al remarcar que, la mejor herramienta es la expropiación para no correr el riesgo de una transnacionalización de la empresa.

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