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EL SISTEMA NO SE AGUANTA

31/05/2018

Reportaje a Esteban “Gringo” Castro, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), no se cansa de repetirlo. También lo ha dicho, y él mismo lo cita, el Papa Francisco durante su visita a Bolivia en 2015. La contundencia de la frase no sólo es enunciativa ni busca ceñirse a un tono de denuncia. Su carácter es propositivo. Plantea la necesidad de un cambio de paradigma, de otras formas de entender la producción, el trabajo, la economía, la relación con el medio ambiente y los semejantes.

En el contexto actual de ajuste económico, violencia institucional y PRO-reformas (fiscal, previsional, laboral y educativa), las organizaciones de la economía popular impulsan y sostienen un plan de lucha por el reconocimiento político, en sentido amplio, de los trabajadores y trabajadoras del sector, que abarca a cerca de casi 4 millones de personas en nuestro país.

La movilización en las calles, la organización de ollas populares y las constantes actividades promovidas por las organizaciones sociales se expresan en debates que confluyen en la necesidad de elaborar una Ley integral de la Economía Popular. Pero, ¿esto qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía popular?

Fundamentalmente, implica construir una alternativa de trabajo y de vida desde el campo de los trabajadores. Y en este punto, pensar y discutir las realidades que atraviesan a las economías populares no es un ejercicio de resistencia, sino de construcción y ampliación política desde abajo.

Advertía el “Gringo” Castro, durante la marcha del 29 de noviembre contra las reformas propuestas por el gobierno:

“Continuamos en nuestro plan de lucha por la inclusión de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular frente a cualquier intento de flexibilización y precarización laboral. También reclamamos los bonos a jubilados y niños para que las familias que más sufren estos momentos difíciles puedan llevar algo más a la mesa, y no dejaremos de estar en la calle contra la represión que se acaba de llevar otro compañero”. La personería social “arrancada” al poder ministerial desde la práctica social y militante de la CTEP durante los primeros meses de 2016 es la expresión de un nuevo concepto de “trabajo” y de “trabajador” que aún lucha por constituirse en los márgenes de la legislación laboral pero que se ha consolidado en el centro mismo de la dinámica económica, no sólo a escala nacional sino mundial. El derecho a la sindicalización largamente reclamado, negociado, luchado y finalmente obtenido no sólo proclama el poder de representación gremial de un sector, sino que pone de manifiesto realidades, existencias, que resultan “nuevas” en relación a las leyes laborales de nuestro país pero “viejas” en relación al modo de desarrollo capitalista, que se ha encargado de tallarlas y consolidarlas sistemáticamente a su paso.

Así, desde el lenguaje, pero también desde los cuerpos, las organizaciones de trabajadores de la economía popular aspiran a constituirse en interlocutores del Estado. En este sentido, la categoría de “economía popular”, aún heterogénea e inacabada, se obstina en romper con la pasividad discursiva de quien ha sido calificado como “excluido” o “marginado”. Incorpora la acción, la performance de los cuerpos, la convergencia de acciones en común en barrios, asambleas y calles. No es un “estado de situación” –el de marginalidad, exclusión o informalidad- lo que intenta describir. En palabras de Verónica Gago, la categoría propone “nombrar y valorizar modos de existencia que denuncian y combaten las formas de explotación y dominio”, invita a “pensar racionalidades políticas minoritarias”. La potencia de la “economía popular”, en tanto categoría cognitiva y fenómeno social, descansa en su mismo proceso de producción, en la disputa de sentidos que moviliza. Se despliega disputando las fronteras de la llamada “economía legal” e “ilegal”. Desborda los límites de la exclusión y la marginalidad social. Acopla en su configuración reglas y significados tanto de la formalidad como de la informalidad laboral. Su definición es, tal vez, más política que teórica. Conecta experiencias con subjetividades. Y es que la reflexión “desde abajo” se orienta por este ímpetu: generar la unidad del campo de los trabajadores y promover un programa político de la economía popular. Apuestas no exentas de dilemas que serán preciso continuar trabajando desde la política, la militancia y la academia.

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