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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

ENEMIGOS DE LA NACIÓN

11/09/2017

A más de un mes de la desaparición forzada que es noticia en casi todo el mundo occidental, el relato oficial profundiza la construcción de una ciudadanía pacifica que padece la desmesura de mapuches o manifestantes violentos. La desinformación, la irresponsabilidad de los responsables y la culpa afuera. Crónicas de la construcción de un chivo expiatorio. 

Por Lucía Presta

Confusiones

A poco más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el panorama lejos de aclararse se tergiversa a salva y mansalva. No sería ético denunciar sin prueba fehaciente la complicidad de medios de comunicación hegemónicos, sin embargo existen motivos para cuestionar la información circulante y procurar desnudar la desinformación. La tarea mediática en torno a la desaparición forzada de Santiago se aventó en un argumento de distracción endeble que buscó confundir la categoría del delito, aludiendo que se trataba de un “extravío” cuando se estaba ante una “desaparición forzada de personas”, vigente desde que la Argentina impulsó la incorporación de esa figura, tras su trágica historia de desapariciones y otras violaciones de derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El delito de lesa humanidad implica, como cualquier otro de su categoría, la responsabilidad por parte del Estado en la privación ilegítima de libertad de una persona, tal como sucedió con Santiago según cuenta el testimonio que prestó el Pu Lof de Cuchsamen para demostrar la participación de la fuerza en su desaparición. La Fiscal General de Esquel, Silvana Ávila y el Juez Federal, Guido Otranto consideraron insuficientes los indicios que aseveran la participación de gendarmería, opinión que es repetida por los funcionarios públicos que aún no reconocen responsabilidad Estatal o desestiman a los testigos. Para consolidarse como tal (la desaparición forzada) requiere de la falta de información o la negación por parte del Estado. Es entonces coherente preguntarse, por qué los altos funcionarios del gobierno, el presidente (que no se pronunció al respecto), la “investigación” Judicial y, la mayoría de los medios radiales, gráficos y televisivos, son los pocos (pero poderosos) que sostienen que no existen pruebas suficientes para considerar que a Santiago se lo llevó gendarmería el día que esa fuerza reprimió en el Pu Lof.

 

Un disparate de confusiones

Ante la necesidad de aminorar el costo político, la estrategia es desresponsabilizar-se, generando nuevos -o anteriores- “chivos distractorios” (permítaseme inventar esta última palabra) y así contribuir a la confusión garrafal en la que se mezclan diferentes delitos y faltas humanas. Resurge la desaparición de Julio López, testigo en los juicios contra genocidas y desaparecido tiempo después de presentarse a declarar. Uno de sus represores, Miguel Etchecolatz amenazó a López públicamente en plena audiencia judicial. Al contrario del silencio oficial que hoy prima, el entonces presidente informó y repudió lo sucedido en cadena nacional. La seguidilla de nombres y situaciones que buscan superponerse con la desaparición de Santiago es interminable y puede extenderse hasta tanto la zonzera o la testarudez pueda implantarse en el sentido común que reproduce lo que el protoperiodismo divulga. No es todo igual ante la muerte o la falta de una persona, existen diferentes niveles de responsabilidad según cuál sea la situación y definitivamente, la línea que separa una de otra “desaparición” es la autoría del crimen por parte de agentes Estatales y su posterior negación o falta de información por parte de las autoridades. Lamentablemente para todas y todos, y a contramano de lo distribuido por la mayoría de los canales de televisión abierta, este hecho no le sirve ni al Kirchnerismo ni a nadie con interés por consolidar una democracia a la altura de las exigencias que los Derechos Humanos, por suerte, hoy marcan y delimitan.

 

La culpa

Si hay algo que no puede debatirse a esta altura de la historia en derechos civiles y políticos, es la voluntad y capacidad de organización para reclamar, protestar y denunciar aquellos hechos que una sociedad o parte de ella considera inaceptables. En Buenos Aires se volvió a rebalsar una Plaza de Mayo bajo el pedido de “aparición con vida de Santiago Maldonado”, causa no solo justa sino necesaria de reclamo frente a la sistemática negación del estado respecto de su responsabilidad. La respuesta del gobierno no fue el tan proclamado dialogo que maneja el marketing político de Duran Barba y Mauricio Macri. Las fuerzas de seguridad que responden a la ministra Patricia Bullrich lanzaron una brutal represión (brutal por el tipo de operativo para la clase de disturbios que tanto los medios como el oficialismo denunciaban), detuvieron a 31 personas, varias de ellas cometiendo el delito de registrar los hechos con sus cámaras y un cúmulo de oficiales de civil que se mezclaron entre manifestantes, muchos de los cuales se observa luego deteniendo personas con los chalecos de la policía. Infiltrados, una represión desmedida al igual que la ocurrida en el Lof Cushamen en enero de este año y un “nuevo” enemigo nacional que es más enemigo que Bennetton y cualquier multinacional que pretenda explotar “nuestras” tierras del sur: los mapuches.

 

El colmo

Y sí, el clima se torna violento… nada bueno puede surgir de la desesperación que siembra la represión Estatal sobre mapuches, tehuelches, porteños o cordoboses, todos y todas -personas-. La doble moral ataca y pretende instalar dos responsables que, a contrapelo del Derecho y toda lógica, surgen y desdibujan la responsabilidad del Estado Nacional. Hoy el más temible enemigo es el indigenismo “terrorista”, construcción que le valió comparaciones con el ISIS o la imputación de conexiones con la FARC Colombiana. Ante el absurdo, la tentación de no ahondar en obviedades resulta imprudente ya que, a pesar de la historia y la razón, se pretende convertir a los pueblos, víctimas allá por 1880 del “exterminio indígena” en Argentina y  Chile, en culpables de todo mal y toda violencia. Ambos genocidios, llevados adelante por los nacientes Estados, no lograron con el baño de sangre arrebatarle a los Mapuches y Tehuelches una pequeña Colonia llamada Cushamen. Cientoveinte años más tarde, en la década de la rifa de los suelos patagónicos, Bennetton compró 900.000Ha de tierras al adquirir la “Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.” Hoy la trasnacional también reclama la titularidad legal de la parcela a orillas del Río Chubut. Lo que subyace es un conflicto de intereses entre pueblos originarios que reclaman sus tierras ancestrales (que por supuesto anteriormente a la colonización europea eran por ellos ocupadas y trabajadas) y, una multinacional que como tal pretende explotar dicho suelo. Es necesario delimitar los actores enfrentados, ya que los intereses en juego no interpelan al Estado Nacional, a menos que el mismo tenga más interés en resguardar a la firma Italiana del Señor Bennetton antes que respetar la Constitución Nacional (1), la ratificación de convenios internacionales de reconocimiento de las tierras ancestrales indígenas y el derecho a la autodeterminación de sus pueblos. La historia denota una tensión que resulta tan revoltosa como los privilegios y la legitimidad que cuestiona, son los pueblos originarios reclamando sus derechos lo que aún molesta a muchas castas blancas con olor criollo pero aires parisinos.

 

Bien sería hacer un ejercicio de verificación de información periodística, para esta y cualquier otra nota, considerando que asistimos a períodos donde no solo prima la sobreinformación que bien sabemos desinforma, sino que la máquina creadora de sentido común es mucho más potente y peligrosa, en tanto piensa estratégicamente y no da puntada sin hilo. La construcción de enemigos internos, “externo” en tanto son Mapuches, Tehuelches o mal llamados “Indios” (vislumbrando en ese modo de negarles reconocimiento un elevado tinte de racismo y negacionismo histórico), ó son  violentos (comandados por Cristina Kirchner) que pretenden generar disturbios y atacan a la policía en una multitudinaria movilización en la ciudad. Ambas construcciones del “problema de la Nación" son obscenamente utilizadas para justificar el accionar cada vez más represivo del Estado, que en tiempos de ajuste y hambre, es el único camino efectivo para poner en su lugar a quienes pretenden denunciar o resistir esa injusticia.

 

(1) CN - Art 75, inciso 17: ”Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

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