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ESPAÑA Y ARGENTINA: ¿VIDAS PARALELAS?

17/10/2016

En España, el gobierno del PP, ha tenido siempre claro el objetivo final a alcanzar: un estado en el que el gobierno intervenga lo menos posible. Desconozco si la situación Argentina acabará de igual forma, pero ahora es el momento de actuar para que esto no ocurra.

Por Mariano Spinelli 

Proclamo que soy argentino, me siento argentino y pienso en argentino. Pero vivo en España, la quiero y, precisamente por eso, me duele lo que aquí ocurre. Porque en España trabajo, españoles son mi mujer y mis hijos. Pero me preocupa Argentina, porque la siento y la amo. Estudio las líneas maestras del gobierno de Macri y las comparo con las que ha seguido el gobierno del PP en España en los últimos cinco años, y llego a la conclusión de que para Argentina los malos tiempos no han hecho sino que empezar.

 

En España, el gobierno del PP, ha tenido siempre claro el objetivo final a alcanzar: un estado en el que el gobierno intervenga lo menos posible, sanidad y educación privada, despido libre y prestaciones sociales mínimas. Lo disimulan en sus discursos pero no en sus políticas. Un estado donde las decisiones sean consensuadas entre la oligarquía del país y los poderes económicos. Y no sólo les siguen votando, sino que en unas hipotéticas nuevas elecciones aumentarán su cuota de poder.

 

¿Cómo es posible que un partido político, asolado por los casos de corrupción y con la mitad de los que han sido sus dirigentes investigados, no sólo siga en el poder, sino que aumente sus expectativas de voto? Misterio.

 

La derecha española, representada por el PP, no es crítica con sus dirigentes, siempre está y vota unida, bajo cualquier circunstancia. Cuando hablo de la derecha española, me refiero el centro derecha hasta la extrema derecha, quizá excluyendo a los grupúsculos más extremistas. Han tenido y tienen casos de corrupción que han supuesto el desfalco de miles de millones de euros, tienen decenas de causas judiciales abiertas y, algunos han estado o están en prisión. Hasta Rajoy, el peor presidente del gobierno que se ha conocido, y muchos de los actuales dirigentes del PP siguen bajo sospecha. Y les siguen votando. El 25% de los electores les seguirá votando aunque les vacíen las carteras y las cuentas corrientes en sus narices. No se trata tanto de que ganen los que están próximos a sus ideas, como de que no ganen los otros.

 

La izquierda, hasta hace bien poco representada por el PSOE, siempre ha sido autocrítica con los suyos. Quizá no votarán a otros, pero no acudirán a las urnas. Como consecuencia, si sus políticas derivan hacia posiciones más centristas, si los casos de corrupción afectan a sus miembros o si su discurso político se aleja de fines sociales, gran parte de sus electores abandonan. Su voto incondicional no es más del 15% del censo. La situación de la izquierda se agravaba por el sistema electoral. IU, partido a la izquierda del PSOE, con casi un millón de votos sólo alcanzó dos diputados.

 

Pero en el año 2014 llegan a la política española dos nuevos actores: Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos es un partido de derecha pura que se define de centro-derecha. Podemos irrumpe con fuerza en las elecciones al parlamento europeo de 2014 y aumenta sus cuotas en las municipales y autonómicas de 2015.

 

En las elecciones generales de diciembre de 2015, el PP pierde su mayoría absoluta. Ciudadanos arranca votos de PP y PSOE y se hace con 40 diputados. El PSOE se hunde hasta los 90 escaños y Podemos, consolidando su posición como referente de la izquierda, obtiene 69 diputados.

 

PSOE y Podemos inician conversaciones para formar un gobierno progresista que acaban en fracaso. Las negociaciones parecieron centrarse más en hallar lo que les separa que en abundar en lo que les unía. Fracaso de todos. Posteriormente, el PSOE firma un inútil pacto con Ciudadanos, que provoca el enfado de parte de sus electores. Oportunidad perdida.

 

Deben celebrarse nuevas elecciones. En junio de 2016, el PP aumenta en 14 su número de diputados y Ciudadanos pierde ocho; como no podía ser de otra manera, firman un pacto. El PSOE pierde 5 escaños y Podemos aumenta hasta los 71. Y aquí empieza el problema que hará que la derecha española gobierne durante muchos años.

 

Cuando Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, reafirma su negativa a investir como presidente del gobierno a Rajoy y propone iniciar negociaciones con Podemos y otros grupos para intentar formar gobierno, se desató la caja de los truenos. Los llamados “barones” del PSOE le niegan su apoyo y provocan la caída de Sánchez, acusándolo de convocar un Congreso Extraordinario en contra de las normas. En este episodio tiene un papel fundamental Felipe González, ex secretario general del PSOE.

 

Felipe González ama el poder. Lo ha demostrado ahora y lo hizo en mayo de 1979. En el XXVIII congreso del PSOE, González propone abandonar los postulados marxistas del partido. Legítima proposición que es derrotada en votación. No se conformó con la resolución democrática tomada pos sus compañeros; presentó su dimisión, forzó un Congreso Extraordinario cuatro meses más tarde, y logró que aprobaran lo que le habían rechazado. Desconozco si su decisión se ajustaba a lo establecido en los estatutos del partido; lo cierto es que hizo lo mismo de lo que ha acusado a Sánchez y ha provocado su caída.

 

Los históricos del PSOE, a los que los españoles sacaron a escobazos del gobierno, se han salido con la suya. El PSOE acabará aceptando a Rajoy como presidente y el partido quedará fracturado. Las consecuencias van a ser terribles para el PSOE. Recomponer la situación va a ser muy difícil y requerirá de mucho tiempo. Tiempo que el pueblo español no tiene.

 

Podemos, la alternativa de la izquierda, no logra avances significativos. Han gastado demasiadas energías en atacar al PSOE para aglutinar a la izquierda y se han olvidado que para llegar a acuerdos, las dos partes deben ceder. Si no es posible avanzar corriendo, debemos hacerlo con pasos seguros y firmes, aunque vayamos más lentos.

 

Y, a todo esto, el pueblo español que hace y dice. Pues más bien poco. Una vez Podemos se constituyó en partido político, el movimiento 15M quedó desactivado. La llamada Ley Mordaza, que puede sancionar a quienes organicen una protesta con multas de hasta 600.000 Euros, también ha contribuido. Las protestas generales se circunscriben a unos pocos colectivos, entre ellos los trabajadores de la sanidad pública y los afectados por los desahucios, pero la protesta como reclamación para la recuperación de los derechos arrebatados por las medidas adoptadas en los últimos cinco años, ha muerto. La mayoría de los habitantes de este país parece haber aceptado su destino.

 

Desconozco si la situación Argentina acabará de igual forma, pero ahora es el momento de actuar para que esto no ocurra.

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