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ECONOMÍA POLÍTICA

LA DEFENSA DE PRIVILEGIOS DISFRAZADA DE INFLACIÓN

06/05/2016

El discurso de los medios sobre la inflación, con la complicidad de los economistas del establishment, busca desestabilizar políticamente al gobierno ocultando la verdadera causa de la suba de precios, una lucha voraz por revertir el efecto de las medidas redistributivas aplicadas en la última década.

 Por Diego "Ruso" Urman

Podríamos arrancar la nota buscando una definición de inflación, podríamos decir que se la conoce como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios de la economía, podríamos intentar desmentir los que nos explican los economistas neoliberales de la oposición que, defendiendo intereses muy lejanos a los de la patria y subidos a los medios hegemónicos de información, nos ocultan los motivos por el cual nos repiten hasta el hartazgo que el problema es la emisión monetaria, el gasto público, los derechos laborales conquistados, las paritarias, el control del estado, etc., podríamos finalmente intentar olvidar que cuando ese tipo de medidas fueron implementadas en nuestro país no solo no acabaron con la inflación sino que caímos en la más profunda crisis económica de toda nuestra historia, dejando un país saqueado por las corporaciones y unos pocos buitres locales con cuentas abultadas.

Nuestra historia nos debe servir para recordar que no existen formulas importadas provenientes de manuales que nada tienen que ver con nuestra realidad, como nos quieren imponer. Estos manuales que repiten los economistas de la “citi” fueron escritos por los beneficiarios de estas políticas y quienes las divulgan son el cipayismo en su máxima expresión, queriendo mostrarnos como inflación a una brutal pelea que están dando los grupos concentrados de la economía para no ceder sus exorbitantes ganancias y privilegios.

Esto no es para nada menor ya que, al margen de su definición, al término inflación se le atribuye la sensación de ser solo un problema de gestión de gobierno, donde no hay beneficiarios ni promotores de la misma, y solo ocurre por la aplicación de políticas económicas erróneas y mala administración de los recursos, que nada tienen que ver con una pelea por el destino del excedente económico y que se solucionarían con las recetas de la ortodoxia neoliberal. Nada más falso que esto. Además de ser también en la memoria colectiva una de las principales causas en la caída de gobiernos y esta es aprovechada para generar desestabilización política.

Justicia social en la década ganada

Desde que asumió Néstor, como no podía ser de otra manera, tuvo como una de sus prioridades emprender el camino de la justicia social, sabiendo que dentro de ese principio se alineaban muchas decisiones y conceptos que repercutirían en el bienestar de un pueblo socialmente destruido por el neoliberalismo.

Uno de esos conceptos es el de redistribución de la riqueza y desde un primer momento se tomaron acciones en ese sentido, convirtiendo esta redistribución en uno de los objetivos y en un pilar de su política de estado. La redistribución es la manera en que se reparten los recursos materiales fruto de la actividad económica y partiendo de una economía devastada el trabajo en ese sentido fue y sigue siendo inmenso. Este camino no solo fue continuado sino que fue profundizado por Cristina en los años siguientes, siendo las acciones en ese sentido parte medular de las medidas de gobierno.

En una primera instancia los grupos concentrados y los formadores de precios vieron con agrado la política económica que se impulsaba para sacar al país de la crisis, la inyección de consumo les otorgó en los primeros años importantes ganancias mientras el país se iba poniendo de pie y reactivaba su economía. El problema vendría después, al momento de repartirla.

Mientras esto ocurría, el gobierno, por intermedio de las instituciones del Estado, fue tomando un rol protagónico como regulador de la distribución de los recursos económicos que se encontraban en pleno crecimiento, es decir, intervino para equilibrar entre los actores toda esa renta que comenzaba a producirse producto de la reactivación económica, para distribuirla de manera justa, basándose en el principio de justicia social. No está de más recordar que cuando el Estado no regula son los poderosos quienes lo hacen y siempre a favor de sus propios intereses.

Esta redistribución se planteó de diversas formas y medidas a lo largo de estos diez años de gobierno con el fin de ir equilibrando la situación de los sectores más desprotegidos. Pero la redistribución, como su nombre lo indica, es un redireccionamiento de recursos desde uno o varios sectores hacia otros y, en el caso del principio de justicia social, implica hacerlo desde los sectores más privilegiados hacia los sectores postergados.

Suponer que estos sectores se quedarían de brazos cruzados aceptando las medidas redistributivas nunca fue una opción, pero las convicciones no saben de esperas cuando hay necesidades, y hoy vivimos en carne propia un continuo ataque desde los más diversos frentes que poco tienen que ver con la inflación y mucho con una pelea feroz llevada adelante por quienes desean quedarse la mayor parte de la renta en detrimento de los más débiles de la cadena productiva.

Estos sectores sensibles dependen completamente del Estado para recibir lo que les corresponde, lo que es justo, ya que si éste no lo hace nadie lo hará por ellos, justamente como ocurrió durante la oscura etapa neoliberal donde se pregonaba como uno de sus principales fundamentos la desaparición del Estado como regulador para, entre otras cosas, impedir esta intervención en la decisión del destino de las ganancias. El mercado regula y equilibra todo, se decía, como si el mercado fuera algún ente autónomo e independiente de los intereses que lo conforman. Así terminó.

Algunos frentes de batalla

La asignación universal por hijo, la ley de movilidad jubilatoria, la inclusión de millones de jubilados al sistema previsional, la instalación de paritarias como método de negociación entre trabajadores y empleadores, etc. son todas medidas de carácter redistributivo impulsadas desde el Estado nacional.

De acuerdo al tipo de medida el Estado utiliza distintas herramientas para hacerse de parte de la renta de la actividad económica como por ejemplo, la recaudación impositiva y el aumento de la presión fiscal, la regulación cambiaria, etc. o para permitir que en forma directa los sujetos lo hagan, como con el impulso de las paritarias.

Cada una de estas medidas es atacada de manera inmediata desde todos los frentes posibles, no solo desde los sectores involucrados, sino también desde los medios de información hegemónicos y desde la oposición política, estos sectores contraatacan con medidas contrarias, muchas veces ilegales o bordeando la ilegalidad, y los medios y la oposición bombardean la opinión pública en ese mismo sentido, intentando abarcar de esta manera un amplio frente de ataque. A cada acción corresponde una reacción donde en este caso los únicos perjudicados son los sectores más vulnerables ya que atacan la redistribución y por ende sus bienestar económico.

De esta manera a la regulación cambiaria, que mantiene la moneda extranjera estable, necesaria para evitar suba de precios de productos e insumos importados y de productos exportables, le corresponde la salvaje especulación que realizan los grandes grupos sojeros y silobolsas multinacionales, incluso los medianos y pequeños productores presionados y engañados por la federación agraria, quienes sabiendo de la necesidad del flujo de divisas por parte del estado para el normal desarrollo de la economía se sientan sobre la producción exportable presionando y extorsionando al gobierno con el objetivo de conseguir una devaluación que les incremente el monto de sus exportaciones y sus ganancias.

A la presión tributaria, pero principalmente a la suba de salarios producto de las paritarias, responden con una brutal y continua suba de precios, donde los actores cartelizados fijan los precios de manera grupal para que todo el espectro sea uniforme en todas las cadenas donde se comercializan. Esto NO ES INFLACION y en eso se debe ser claro. Acá estamos en presencia de una voracidad salvaje y criminal de los poderes concentrados que no solo no se resignan a ceder sus privilegios sino que son capaces de desestabilizar un gobierno democráticamente electo para mantenerlos.

Para clarificar, una devaluación de la moneda nacional y la suba de precios producto de esta voracidad, generan una redistribución de la riqueza en sentido inverso, beneficiando a los grandes grupos económicos en detrimento de la mayoría asalariada.

 

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