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LOS REGÍMENES DE COMPRE PÚBLICO-ESTATAL ¿CONTROLES ADMINISTRATIVOS O HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO?

17/04/2020

Las compra  de una partida de alimentos o de barbijos , destinados a paliar situaciones de emergencia social en el marco del aislamiento social , ha tomado estado público en función de distintas denuncias de sobreprecios. La existencia de un interés deliberado por parte de operadores mediáticos y políticos para construir el tema de términos de “escándalo” y utilizar el asunto, no debe impedir una mirada introspectiva que permita detectar mecanismos en los sistemas de compra pública que limitan las capacidades estatales. Se abre una oportunidad para problematizar y proponer mejoras al sistema.

 

Por Nicolas Salerno Ercolani

En estos últimos días, varios medios de noticias publicaron información con denuncias de sobreprecios en una compra de alimentos realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también de en la compra de barbijos por parte del gobierno de la Ciudad. Son  hechos que a todas luces merecen una investigación formal que determine si hubo una manipulación deliverada en el proceso de compra y el castigo correspondiente en caso que se determine una acción delictiva[i].

El tema adoptó la forma de dos problemas ( problemas en los controles en los procesos de compra en el estado y la “cartelización” de las empresas proveedoras) que lo ubican en un registro relacionado a la  falta de transparencia del sistema[ii]. No desestimamos estos problemas, pero consideramos que se abre una oportunidad para mirar la organización del compre público estatal de forma más integral, para poder abordar otras cuestiones omitidas. Generalmente, se tiende a ver los problemas por separado, sin dar cuenta del régimen institucional que determina en forma integral el comportamiento de los responsables del sistema, tanto las áreas de compra de las agencias estatales como los proveedores.

 

Adentrarse en cómo funciona  el sistema de compra pública

El conjunto de normativas, protocolos y procedimientos técnicos que constituyen al sistema de compre estatal[iii], se encuentran dominados por una lógica burocrático-contable formalista que predomina y encubre otras cuestiones de índole económico-social. Los criterios jurídicos, contables, técnicos y financiero elaborados en las órdenes de compra por los responsables de las oficinas y direcciones de las distintas entidades y juridiscciones de la administración pública, reproducen esta lógica. De esta forma, el estado omite que con las propias reglas del juego que él mismo establece, promueve y facilita a determinados jugadores eocnómicos en detrimento de otros.

Si se observa quienes son los proveedores del Estado, en su gran mayoría son empresas creadas a sólo efecto de vender...lo que sea: comida, servicio de catering, hotelería, limpieza, transporte, muebles etc. No producen nada, constituyen verdaderas empresas intermediarias de reventa. Compuestas de unos pocos empleados administrativos que tienen como “expertise” el conocimiento de los requisitos legales y contables que le permiten participar de las distintas licitaciones y mecanismos de compra, gran flexibilidad para poder variar de rubro y capacidad financiera para poder manejar los tiempos de la compra y reventa.

 

Ver otra perspectiva  que la meramente administrativa (donde el asunto se limita a debatir sobre transparencia del sistema) resulta más sencillo para comprender que el problema de los precios en la licitación de alimentos adquiere otras dimensiones. Convalidar la compra implicaba lesionar el conjunto de la política general de precios de referencia que el gobierno dispuso como medida para limitar maniobras especulativas de los formadores, que inciden en la dinámica inflacionaria.

Un enfoque político del sistema de compre estatal, permitiría comprender que la urgencia de millones de ciudadanos, a lo cuales el Estado debe garantizar el acceso de alimento en el contexto de cuarentena social que se impone para enfrentar la pandemia, admite considerar a los alimentos y otros productos de primera necesidad como bienes estratégicos de uso público, utilizando herramientas legales expecionales para asegurar su producción y distribución, evitando conductas especulativas.

 

 

Que lo urgente no tape lo importante. Los regímenes de compra estatal como instrumentos de desarrollo económico

Este artículo quiere aprovechar la oportunidad para repensar el sistema de compre público de forma integral. En este sentido, entendemos que el rol del Estado en el proceso, no se limita a contralor legal, contable o bromatológico de sus compras; con esto no queremos desestimar esa variable, pero se deberían agregar otras cuestiones hoy invisibilizadas. En primer término, el Estado es un gran consumidor de cualquier economía nacional, basta observar el porcentaje que representan sus transacciones en el gasto público (Existen datos  de la OMC que calculan en 10/15% del producto interno bruto mundial) Solamente en materia de alimentos el estado argentino adquiere 12 millones de toneladas.  Por lo tanto, es un actor con mucha capacidad para influir en distintos aspectos de la dinámica del aparato productivo de un país. El sistema de compre estatal puede ser pensado también como un instrumento de desarrollo económico y social.

Las áreas de compras de los distintos ministerios y agencias estatales, deberían complementarse con departamentos que promuevan compras a productores directos, implementar distintas formas de compre nacional, compre local y compre social-cooperativo a partir de establecer cuotas, mecanismos que premien a proveedores que utilicen insumos de fabricación nacional o local. Que los órganos de compra constituyan programas de asesoramiento y promoción a potenciales proveedores, articulados con los organismos de control impostivo (Afip) o ténicos (INTI, ANMAT) Evaluar aspectos de sustentabilidad socio-ambiental que favorezcan la inclusión de proveedores de alimentos agroecológicos o tecnologías energéticas más limpias. Fomentar la evalución en licitaciones de otras variables como cupos de géneros en las empresas proveedoras,  Estas son solamente algunas propuestas generales desde las cuales promover cambios que mejoren el compre público estatal.

 

Nicolas Salerno Ercolani.

Politólogo. Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular UPNP. Trabajador del Estado en el Ministerio de Desarrollo Social[iv]

 


[i] Vale detallar que el gobierno anuló la compra anunciada y estableció los nuevos lineamientos para el llamado a una nueva licitación. El presidente Alberto Fernández ordenó la sanción de una decisión administrativa para modificar la normativa de contratación nacional para que las compras y licitaciones no superen los precios máximos acordados con los productores. Se iniciaron varios procesos de investigación, una en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Poder Judicial, un sumario interno del Ministerio y un expediente iniciado en la Oficina Anti-Corrupción. Estas medidas expresan la voluntad del gobierno para aclarar la situación, desandar el camino de la compra, corregir en los aspectos que lesionaban su propia política general de precios y mostrar rigor frente a cualquier situación irregular de funcionarios en la gestión. Obviamente hay que esperar que los procesos de investigación avancen para terminar de esclarecer la totalidad del proceso.

 

[ii] También en estos días, hubo varias opiniones, entre ellas las de varios empresarios ligados a la compra pública, que señalaban como problema el retraso en el pago de las compras públicas (El Estado como un “mal pagador”) lo que obliga, en un marco inflacionario, a vender con un precio que “compense” ese retraso y evite una eventual pérdida para los proveedores. Efectivamente, el Estado paga con retraso, que usualmente supera el que se fija formalmente en los mecanismos legales. Pero también es válido argumentar que dicha práctica no es exclusiva de estado nacional. Si del rubro alimentos se trata, el sistema de comercialización adolece en muchos casos del mismo problema en el mercado privado. Las grandes cadenas de supermercado pagan a sus proveedores en plazos de 90 y 120 días

 

[iii] Es importante aportar una explicación breve del sistema de contratación y compra pública para el público no especializado. Cada jurisdicción y entidad (ministerios, agencias nacionales, institutos descentralizados) tiene su propia oficina/dirección de compras y contrataciones y  formula su propio programa de compras, que se materializa en el documento de naturaleza jurídica base, que es la Orden de Compra (OC) Se rigen de acuerdo al Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, sancionado en el decreto 1023/2001 (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm) y el Decreto Nº 436/2000 (Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional). El marco normativo que rige el proceso de contrataciones se encuentra sometido a estándares internacionales (Convención Interamericana Contra la Corrupción -aprobada por Ley Nº 24.759- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 26.097)  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/compras_guidelines_4.pdf

En los que refiere a gran parte de la Administración Nacional, todo el sistema de licitaciones, compras directas y diversas modalidades de compre estatal se encuentran informatizados en un portal público, el COMPR.AR portal de Compras Públicas de la República Argentina, www.comprar.gob.ar que es administrado por la Oficina Nacional de Contrataciones https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/oficina-nacional-de-contrataciones-onc/que-hacemos  que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

 

[iv] La opinión vertida por el autor de la nota es de título personal y no pretende reflejar la posición de ninguna de las organizaciones/instituciones mencionadas.

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