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SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

¿TENEMOS JUSTICIA? AUSENCIA DE IMPUTADOS Y SIN RECONOCIMIENTO

11/10/2016

En Comodoro Py sigue cambiando la bocha

Además de la ofensiva que efectúa la primera instancia del Fuero Federal en su afán de judicializar la política y generar un efecto despolitizador de la sociedad, ahora se pliegan los Tribunales Orales, para perturbar la memoria histórica y el enjuiciamiento a los genocidas. Y sí, otra vez esta ala de la justicia.

Son los signos de estos tiempos políticos, instaurados con la asunción de Macri. Ocurre cuando el Estado Nacional, ganado en elecciones democráticas esta vez, está en manos de neoliberales y ceos de grupos económicos, con fuerte complicidad de jueces y fiscales, tiene como objetivo reinstalar un modelo de desindustrialización y endeudamiento externo. Lo mismo se hizo económicamente durante la última dictadura militar. Ahora parte de la justicia federal, consecuente, pone trabas en los procesos orales para juzgamiento de los autores de la represión ilegal contra dirigentes y militantes que se oponían, precisamente, a ese modelo económico de saqueo, en los que participaron las mismas familias que integran el actual. Todo tiene que ver con todo.

Esta vez es el turno del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital Federal que emitió una resolución en la cual permite a los imputados no concurrir a las audiencias de debate, permaneciendo en sus lugares de detención (algunos alojados en institutos penitenciarios y varios con arresto domiciliario). Se configura esa imagen, mientras victimas y sobrevivientes de los ex centros clandestino de detención está exponiendo como fueron secuestrados y torturados, sus torturadores están viendo televisión o durmiendo la siesta. Y esta medida afecta otra, la ingrata posibilidad de que los testigos puedan reconocer a sus torturadores.

El Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal inició el martes 20 de septiembre el juicio oral por el tercer tramo de la causa ABO por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, El Banco y El Olimpo.

En etapa de la causa ‘ABO’ tienen como imputados a 9 ex miembros de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y del Servicio Penitenciario Federal acusados por más de 300 secuestros y tormentos y 19 homicidios. Los imputados son: 1)Héctor Horacio Marc, Ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal; 2) Eduardo Ángel Cruz, Auxiliar 4º de Informaciones de la Policía Federal Argentina; 3) Juan Miguel Méndez, Primer Alférez del Escalafón Profesional de Intendencia de Gendarmería Nacional Argentina; 4) Raimundo Oscar Izzi, Cabo de la Policía Federal Argentina; 5)Carlos Alberto Lorenzatti, ex Subcomisario (exonerado) de Policía Federal, y en el momento de los hechos Principal; 6) Juan Carlos Mario Chacra, Auxiliar de Segunda del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal Argentina, y Oficial Mayor (RE); 7) Alfredo Omar Feito, Sargento Primero de Caballería del Ejército Argentino, GT 2, B. Icia. 601; 8) Gerardo Jorge Arraez, Inspector de la Dirección General de Inteligencia, y luego Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal; 9) Ricardo Valdivia, subcomisario PFA.

 

El Tribunal está integrado por Jose Antonio Michelini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara, y en el que actúan fiscales Alejandro Alagia y Gabriela Sosti. La magnitud de la causa extenderá el juicio por al menos 18 meses, donde pasarán más de 350 testigos.

 

El TOF 2 dictó con fecha 3 de octubre del 2016 una resolución mediante la cual se autorizó a todos los imputados a no concurrir a las audiencias de debate, permaneciendo en sus lugares de detención. La resolución dictada por el Tribunal Oral contó con el voto de la mayoría, de los doctores Tassara y Michelini, y durante el transcurso de la audiencia de debate celebrada el pasado 5 de octubre los integrantes del Ministerio Publico plantearon la nulidad de la resolución, dejaron abierto el recurso de casación y solicitaron que se encuentren presentes todos los imputados en la audiencias en las cuales presten testimonios los sobrevivientes y los que hayan estado presentes en operativos de secuestros.

Estos jueces ya venían perfilando esta decisión. En la apertura del juicio, el 20 de septiembre, impidieron que los reporteros gráficos pudieran sacar fotografías de los imputados. A diferencia de lo que ocurre regularmente en los debates de lesa humanidad el tribunal prohibió sus fotos.

La ausencia de los imputados en el juicio y la imposibilidad de su reconocimiento por parte de las víctimas, es una medida novedosa y muy llamativa, con claros ribetes de ilegalidad, ya que en nada se ajusta a lo que indica el código de procedimientos penal para el trámite de audiencias orales. Que de no revertirse y ratificarse por Tribunales superiores pone en crisis muy seriamente el correcto enjuiciamiento de los genocidas y la búsqueda de la reparación de la memoria histórica.

En este caso, los Jueces Federales están privando a la sociedad de una medida probatoria como la del reconocimiento de persona, la del reconocimiento de las víctimas del terrorismo de estado de quienes fueron sus secuestradores y torturadores. La presencia de los imputados en el juicio es obligatoria, insoslayable y la resolución adoptada es ilegal. Se afecta de esta manera la garantía del debido proceso, la ausencia de los imputados en el proceso pone seriamente en riesgo la posibilidad de una nulidad del mismo. ¿Se imaginan lo que esta situación presupone, con la cantidad de juicios que aún faltan sustanciarse? ¿De qué manera afectaría los juicios por venir?

No existe la posibilidad de que el imputado no esté en el juicio. Los sobrevivientes no han tenido nunca la posibilidad de identificarlos. A tiempo de revertir una decisión arbitraria y un daño irreparable para nuestro Pueblo ¿Será justicia?

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