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03/09/2016

Mediante un comunicado oficial, como resultado de un accionar conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones, el 19 de agosto se hizo pública la futura creación de un centro de detención para migrantes.

Por Verónica Antonelli

A través de un acuerdo la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el ministro porteño Martín Ocampo y el director nacional de Migraciones, Horacio García, otorgaron a la Ciudad un inmueble, en comodato, destinado de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Nueva Ley de Migraciones Argentina 25.871 (aplicada en 2004 y reglamentada en 2010).

El objetivo de la entidad será "combatir la irregularidad migratoria ", con que se pondrá en vigencia un convenio en el que las fuerzas represivas, articuladas con la Dirección Nacional de Migraciones, harán funcionar el espacio para demorar y retener a personas migrantes, a fin de rectificar su situación administrativa o, en caso de infracciones a la Ley de Migraciones, expedir órdenes de expulsión.  Por supuesto esta política dispondrá, nuevamente, de recursos y fondos estatales para el diseño de políticas represivas que persiguen y criminalizan a los sectores populares, especialmente a migrantes pobres. Es una medida que se enmarca dentro de la "Guerra contra el narcotráfico" y que el Ministerio de Seguridad levanta como estandarte para avanzar en la militarización del espacio público y control de las fronteras.  Además de incidir en la regulación de los cuerpos y perseguir a comunidades trans y LGBT, extendiendo la vigilancia y el control sobre sus modos de vida.

La *Colectiva Lohana Berkins* denunció en un comunicado “Desde hace muchísimos años Argentina, y muchas de sus ciudades capitales, han sido lugares de asilo, contención y realización para aquellas personas LGBT, cuyos lugares de origen se volvían paisajes asfixiantes para el ejercicio de su libertad sexual y genérica. Sin embargo hoy, las políticas neoliberales de Cambiemos parecen sólo permitir fronteras abiertas para el capital financiero internacional. Y hasta pueden volverse gay-friendly si de emprendimientos turísticos-comerciales se trata (...aunque terminen matizando la apertura con dichos fascistas y homófobos como los de Monseñor Aguer...).”

En mayo pasado la comunidad trans marchó por Claudia Córdova Guerra, detenida en La Plata y condenada a más de cinco años por los jueces Juan José Ruiz, del Tribunal unipersonal en lo Criminal Oral I y el fiscal Martín Chiorazzi –utilizando como agravante del fallo de su nacionalidad peruana. Córdova Guerra fue detenida el 12 de abril de 2014, a partir de la sospechosa información provista por no-uniformados de la DDI platense que declararon haberla encontrado con 3,5 gramos de cocaína, aunque durante el juicio sólo quedaron demostrados 1,6. La comunidad trans migrante, ha denunciado reiteradamente ser perseguida y responsabilizada por el negocio del narcotráfico, en el que las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales-nacionales siempre terminan involucrados.

Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS subrayó que la nueva interpretación del Gobierno de la ley argentina implica una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla.

Es una política que lejos de acudir a las minorías vulnerables y, en su mayoría, con falta de recursos las persigue y criminaliza. Dejando fuera del conocimiento público y de la agenda del Ministerio de seguridad, por ejemplo la desaparición constante de niños, niñas y adolescentes, o casos de gatillo fácil de jóvenes que mueren como N.N. en manos de la policía.   

 

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